En los últimos días, el líder de Libres del Sur y activista social, Néstor Roque Frangolini, se vio envuelto en una controvertida polémica tras ser acusado mediáticamente de cobros indebidos a trabajadores del programa Potenciar Trabajo. La denuncia incluye la publicación de listados de beneficiarios y detalles de transferencias, generando desconcierto en el ámbito social.
Es crucial destacar que los movimientos sociales, al igual que las organizaciones sindicales, estructuran sus acciones mediante estatutos y asambleas para establecer metas durante períodos específicos. Resulta sorprendente la exposición de datos sensibles, especialmente cuando el sistema podría exigir la devolución de fondos previamente adelantados por las organizaciones beneficiarias.
Este incidente surge tras la masiva medida de fuerza del 24 de enero, donde la CGT y diversos movimientos sociales rechazaron enérgicamente el DNU y la ley ómnibus del presidente Milei en la Plaza Mitre. La coyuntura política y económica de San Nicolás, aparentemente, no tardó en buscar posibles vulnerabilidades en los líderes de estos movimientos.
Desde el sector de Frangolini aseguran que el influencer Tomás Díaz Cueto, el cual difamo a dirigente social, recibió financiamiento del Estado, y fue contratado por el poder político a través de un conocido CEO, cuyos honorarios millonarios originan un nuevo punto de discusión sobre la relación entre el ámbito político y el sector privado. La sociedad espera esclarecimientos y transparencia en medio de esta situación delicada.
