En el calor de una tarde de octubre, en el Salón Macacha Güemes del ITEC de la Unión Obrera Metalúrgica en San Nicolás, se abrió una puerta al pasado. Era la audiencia de la causa Saint Amant IV, un juicio que intenta arrojar luz sobre los horrores vividos durante la última dictadura en Argentina. La primera declaración fue la de Bibiana Osorio de Gómez, esposa de Juan Carlos Gómez, quien narró la historia de su marido con una mezcla de dignidad y dolor que impregnó el ambiente de una tristeza contenida, de esas que traspasan generaciones.
Juan Carlos era un hombre sencillo, trabajador y con sueños que apenas comenzaban a tomar forma. Además de su trabajo como tornero en la empresa Ricsa, estaba terminando la escuela secundaria. Era un vecino comprometido, integrante de la comisión vecinal del Barrio Don Américo, un militante religioso y miembro de la Agrupación Felipe Vallese, de inclinación político-gremial peronista. Pero en la noche del 4 de junio de 1976, su vida y la de su familia fueron destrozadas. Militares irrumpieron en su hogar, lo detuvieron y lo llevaron a la Comisaría Primera, donde comenzó una pesadilla de torturas y abusos que duraría cinco largos años.
Durante su detención, Juan Carlos fue llevado a una tapera en terrenos cercanos a la delegación de Campos Salles, en una trampa cruel. Los militares le entregaron un fusil automático ligero (FAL), esperando que tomara una acción desesperada que les diera la excusa para disparar. Lo rodearon, aguardando que diera un paso en falso. Pero Juan Carlos, con una claridad y valentía que desafiaban el miedo y la presión del momento, eligió la inacción. Esa decisión inteligente y serena le salvó la vida. Aquella tapera, que pudo haber sido su lugar final, se convirtió en un símbolo de su voluntad inquebrantable y de una dignidad que ni la violencia ni la tortura lograron quebrantar.
La historia de Juan Carlos refleja no solo su resistencia física, sino también su fortaleza mental. A pesar de los años de detención, su apodo “Tarucha” fue malinterpretado como un nombre de guerra, aunque nunca hubo evidencia de que estuviera vinculado a la lucha armada. Su esposa Bibiana y sus hijos, Paulo y Carla, vivieron esos años en una incertidumbre que aún parece no disiparse. La familia, desprovista de recursos, se vio obligada a mudarse a la casa del abuelo materno, y Bibiana, con su esfuerzo en la costura y el tejido, sostuvo el hogar. Ella y sus hijos sobrevivieron años de lucha y sacrificio, aferrándose a la esperanza de que Juan Carlos regresara.
Cuando finalmente lo hizo, él ya no era el mismo. Las noches en vela, el miedo constante y los traumas grabados en su cuerpo y en su alma le impedían retomar la vida como si nada hubiera pasado. Su hija Carla, quien apenas lo conoció en su niñez, tuvo que aprender a reconocer y aceptar a un padre marcado por cicatrices invisibles. Con el tiempo, Juan Carlos se reincorporó al mercado laboral y, con esfuerzo, llegó a ser Secretario de Derechos Humanos en la Unión Obrera Metalúrgica de San Nicolás, dedicándose a la defensa de otros que, como él, sufrieron la persecución y el silencio.
Carla compartió un episodio desgarrador de su adolescencia, cuando desconocidos intentaron secuestrarla en su escuela, haciéndose pasar por familiares. Fue un recordatorio brutal de que la amenaza no había desaparecido, que el miedo persistía y que las heridas del pasado aún podían abrirse en cualquier momento.
La audiencia continuó con el testimonio de Alberto Secchi, exdelegado gremial y miembro de la Juventud Peronista. Su detención también ocurrió el 4 de junio de 1976, después de que, tras una jornada de trabajo, le quitaran la tarjeta y le informaran de su despido. Secchi fue arrestado en su propio hogar en Ramallo Pueblo, mientras su pequeña hija, recién recuperada de meningitis, descansaba en una habitación contigua. Ese acto de violencia dejó secuelas en su familia, y uno de sus hijos sigue cargando las cicatrices de esa noche de terror.
Durante sus dos años de detención en la Unidad Penal, Secchi presenció cómo otros compañeros políticos y sindicales eran llevados, muchos de ellos sin retorno. Al ser liberado, se encontró en las listas negras de los servicios de inteligencia, lo que le privó de reinsertarse en el mercado laboral formal. Terminó trabajando en el camping metalúrgico, en la misma organización sindical que lo apoyó en sus momentos más oscuros.
Los relatos de estas audiencias no solo exponen el dolor de quienes sufrieron la violencia de la dictadura, sino también la fortaleza de aquellos que, como Bibiana, Paulo, Carla y Alberto, enfrentaron las secuelas en sus vidas y en sus familias. Son historias que claman por justicia, por reconocimiento y, sobre todo, por memoria. Porque recordar es resistir, y estos testimonios son parte fundamental de la lucha por un país que nunca olvide el costo de la dignidad y la libertad.
La causa Saint Amant IV nos muestra que la memoria no es solo una obligación hacia el pasado; es también una promesa hacia el futuro.
