Las empresas MOVIPORT S.A. y CASPORT S.A., vinculadas al concejal de La Libertad Avanza Federico Chouhy, fueron clausuradas por el Municipio de San Nicolás tras detectarse presuntos incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Código de Convivencia y Faltas Municipales y en la normativa vigente que regula las habilitaciones comerciales. El procedimiento generó una fuerte repercusión política y abrió un nuevo foco de debate en la ciudad.
Tras conocerse la medida, Chouhy cuestionó públicamente el accionar municipal y sostuvo que la clausura obedecía a una persecución política relacionada con su pertenencia a La Libertad Avanza. Según manifestó, el procedimiento tendría como objetivo perjudicarlo por su actividad política más que por cuestiones administrativas.
Sin embargo, desde el ámbito municipal remarcaron que las inspecciones se realizaron en el marco de los controles habituales que se llevan adelante sobre los comercios de la ciudad y que durante los operativos se detectaron irregularidades vinculadas al cumplimiento de las normas de habilitación. En ese sentido, sostienen que la clausura respondió exclusivamente a las infracciones constatadas y no a cuestiones partidarias.
El caso generó un intenso debate en el ámbito político local. Mientras el edil insiste en que se trata de una medida con motivaciones políticas, desde el Municipio aseguran que el procedimiento fue el mismo que se aplica a cualquier vecino comerciante o empresa que incumple la normativa vigente.
